Expertos en bioética y derecho médico reunidos por el INTEC sostuvieron que la legislación fortalece las garantías jurídicas para los profesionales de la salud, promueve una mayor responsabilidad institucional y protege los derechos de los pacientes.
Especialistas en bioética y derecho médico afirmaron que el nuevo Código Penal no representa una persecución contra los profesionales de la salud ni fue concebido para criminalizar el ejercicio de la medicina. Según los expertos, la normativa busca establecer responsabilidades más claras, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una mayor protección tanto para los médicos como para los pacientes.
Las consideraciones fueron presentadas durante el panel virtual “Código Penal: ¿avance o amenaza?”, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Comisión Nacional de Bioética. El encuentro reunió a profesionales de la medicina y el derecho para analizar el alcance de la nueva legislación y aclarar las inquietudes generadas dentro del sector sanitario.
Durante el panel, los especialistas señalaron que una parte de la preocupación manifestada por médicos y otros trabajadores de la salud responde a interpretaciones incorrectas del texto y a informaciones difundidas sin suficiente sustento jurídico. Por esta razón, recomendaron analizar la normativa desde la evidencia, los principios legales y la práctica clínica, evitando conclusiones fundamentadas únicamente en el temor.
La doctora Togarma Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional de Bioética, explicó que la medicina no es una ciencia exacta y que un resultado adverso no implica automáticamente que el profesional haya cometido una infracción penal.
La especialista sostuvo que el elemento fundamental será demostrar que el médico actuó de manera diligente, prudente y conforme a los protocolos establecidos. Para ello, será necesario documentar adecuadamente las decisiones clínicas, justificar los procedimientos realizados y demostrar que fueron utilizados los recursos disponibles para proteger la salud y la vida del paciente.
Rodríguez descartó que la entrada en vigencia de la normativa implique una persecución generalizada contra el personal sanitario. Indicó que las autoridades no actuarán contra los médicos únicamente porque se haya producido una complicación o un desenlace no esperado, sino que deberán analizarse las circunstancias particulares de cada caso.
Uno de los cambios más relevantes señalados durante el panel es la posibilidad de establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas. Esta disposición permitiría que hospitales, clínicas y otras instituciones respondan cuando se produzcan daños relacionados con deficiencias organizacionales, fallos de gestión, ausencia de protocolos o condiciones inadecuadas para la prestación de los servicios.
El abogado Pedro Jiménez, especialista en derecho médico, consideró que la nueva normativa representa un cambio estructural para el sistema penal dominicano, al sustituir una legislación con más de 140 años de vigencia por un modelo basado en principios constitucionales y garantías expresas.
Jiménez explicó que la responsabilidad penal continuará siendo individual, por lo que cada persona deberá responder por sus propias acciones u omisiones. Este principio busca evitar que los profesionales sean responsabilizados de manera automática por situaciones que no dependían directamente de sus decisiones.
Los panelistas reconocieron que algunos artículos podrían necesitar ajustes para prevenir interpretaciones discrecionales. Sin embargo, favorecieron que estas modificaciones sean discutidas mediante espacios técnicos, sin desconocer los avances incorporados en la legislación.
Desde la perspectiva bioética, el doctor Miguel Suazo, docente y consultor de Bioética del INTEC, señaló que el análisis debe procurar un equilibrio entre la protección de los pacientes y las garantías de los profesionales de la salud.
Suazo destacó que la discusión no debe limitarse a abogados y médicos, sino incluir también a pacientes, familiares, instituciones sanitarias y otros sectores de la sociedad. Esta participación permitiría construir una interpretación más amplia sobre los derechos, deberes y responsabilidades que surgen dentro de la relación entre médicos y pacientes.
Los especialistas coincidieron en que uno de los principales desafíos será fortalecer la formación jurídica del personal sanitario. También recomendaron mejorar la cultura de documentación clínica, actualizar los protocolos institucionales y desarrollar mecanismos alternativos de resolución de conflictos que ayuden a evitar la judicialización innecesaria de situaciones médicas.
El panel fue moderado por la doctora Selma Zapata, presidenta de la Comisión Nacional de Bioética, y se desarrolló como un espacio interdisciplinario para promover un debate basado en el conocimiento jurídico, la bioética, la seguridad profesional y la protección de los pacientes.
